Por Daniel Lee Vargas
Ciudad de México, 18 de marzo 2025.- Cada día, centenares de mujeres son deportadas de los Estados Unidos, muchas de ellas con sus familias desmembradas y sin una red de apoyo que les permita reconstruir sus vidas.
Enfrentan no solo la pérdida de oportunidades laborales y educativas, sino también la amenaza de la violencia de género, la discriminación y la exclusión social. Es imperativo que el gobierno de México adopte realmente políticas públicas inclusivas que no solo atiendan la emergencia inmediata, sino que también sienten las bases para una protección integral y sostenible.
Será realmente que “Es tiempo de Mujeres”, no lo sé. Ellas deben ser escuchadas...
Por años, la narrativa migratoria ha girado en torno a los hombres migrantes, ignorando el flujo creciente de mujeres migrantes. Esto perpetúa la invisibilidad de sus experiencias, necesidades y contribuciones.
Por tanto, es fundamental el diseño de estrategias con un enfoque de género, intercultural y antirracista para garantizar los derechos de las mujeres deportadas y sus familias. No se trata solo de asistencia humanitaria, sino de crear mecanismos que les permitan acceder a empleo digno, educación para sus hijos y atención psicológica.
Es necesario reconocer las barreras específicas que enfrentan las mujeres migrantes, en particular aquellas pertenecientes a comunidades racializadas e indígenas, y asegurar respuestas que atiendan su realidad.
Por otro lado, ninguna solución será efectiva sin una sólida colaboración binacional y transterritorial. Los países de origen y destino deben coordinarse para ofrecer alternativas sostenibles que prevengan la vulnerabilidad de las personas deportadas. Esto implica desde acuerdos para la reinserción laboral hasta programas de protección para quienes enfrentan amenazas en sus países de origen.
Las deportaciones no pueden seguir siendo una condena al desarraigo y la precariedad. Se requiere voluntad y acciones concretas para transformar los marcos migratorios en verdaderas herramientas de justicia social. Las mujeres migrantes han sido históricamente invisibilizadas en el diseño de políticas públicas.
En palabras de Rossy Antúnez, representante de la delegación México del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) “el Estado mexicano ha sido indolente hacia las necesidades que tenemos como mujeres y familias, en contextos de retorno y deportación”. IMUMI y Justice for Migrant Women (J4MW) hicieron llegar una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum desde enero de 2025 para crear una mesa de trabajo conjunta para abordar las problemáticas de las mujeres migrantes retornadas, así como distintas propuestas. y no han recibido respuesta alguna.
Rocío Antunes, procedente de la Sierra Norte de Oaxaca, en días recientess puso sobre la mesa el panorama al que se enfrentan las mujeres deportadas que tienen que vivir en México a la espera de la resolución de su situación, porque en algún momento de su vida también fue retornada.
Y destaca: cuando se deporta a una mujer solo se piensa en atender el proceso de retorno y atención durante el momento de recepción sin tomar acciones para atender el proceso de pos-deportación como acceso a derechos que deben ser diferenciados debido a que muchas son indígenas o afrodescendientes.
Es hora de cambiar esa narrativa y construir un futuro donde nadie sea dejado atrás. Usted qué piensa de eso.
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