Columna Horas Extras
Por Daniel Lee Vargas
Ciudad de México 05 marzo 2025.- “A la congeladora la iniciativa de reforma a la Ley del Issste”, ¡ay ajá!. ¿Quién le cree al coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila? Se manejan en el agandalle y nadie descarta un albazo. Un primer punto es que pretenden adueñarse de dinero que no es del gobierno, sino de los trabajadores de base y los maestros. Además, les estarían incrementando sus cuotas de seguridad social, y como siempre -lo sabemos- vendrían los malos manejos y la opacidad, que es lo que distingue a los guindas.
Por lo pronto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se mantiene firme de continuar con las movilizaciones en todo el país hasta que el gobierno federal retire su pretendida reforma. Sus dirigentes han dejado claro que no bajarán la guardia y que se mantendrán alerta para impedir que esta iniciativa sea aprobada en el Congreso de la Unión de manera sorpresiva, sin el debate y la transparencia que un cambio de tal magnitud requiere.
Durante la Asamblea Nacional Representativa celebrada el pasado domingo, el líder de la Sección 9 de la Ciudad de México, Pedro Hernández, denunció que la reforma promovida por el Ejecutivo federal solo tiene como objetivo aumentar la recaudación, sin considerar los adeudos que los gobiernos estatales mantienen respecto a las cuotas descontadas a los trabajadores. Esta situación, en lugar de fortalecer el sistema de seguridad social, agrava aún más la precarización de los servicios de salud y pensiones para los empleados públicos.
Ante este panorama, Hernández hizo un llamado a todos los trabajadores al servicio del Estado para cerrar filas y frenar el avance de esta iniciativa, advirtiendo que, de concretarse, las consecuencias serían adversas para toda la base laboral. No se trata solo de una reforma administrativa, sino de un cambio que podría comprometer la estabilidad y el acceso a derechos fundamentales de miles de trabajadores y sus familias.
A este llamado se han sumado más de 70 organizaciones sindicales que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores Universitarios, la Educación Superior, Investigación y Cultura, así como la Nueva Central de Trabajadores. Estas agrupaciones han respaldado a la CNTE y han exigido a la presidenta Claudia Sheinbaum que retire la iniciativa de reforma, para en su lugar presentar una propuesta que realmente impulse la nacionalización y transformación estructural del ISSSTE. Desde su perspectiva, no hay ninguna garantía de que la enmienda planteada se traduzca en una mejora tangible en los servicios de salud y seguridad social.
Por otro lado, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez, expresó su preocupación por la reforma, advirtiendo que, aunque la presidenta y el gobierno han asegurado que el análisis de la iniciativa se detendrá, esta sigue activa en las comisiones legislativas.
Téllez advirtió dos aspectos negativos de la propuesta: en primer lugar, el incremento en los descuentos salariales para los trabajadores del Estado, lo que afectaría su poder adquisitivo y podría incluso ser inconstitucional. En segundo lugar, la modificación de las disposiciones sobre los fondos de vivienda, lo que permitiría al gobierno utilizar estos recursos para construcción y arrendamiento, en lugar de destinarlos exclusivamente a créditos para la adquisición de viviendas.
Además, manifestó su desconfianza en las declaraciones de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, quien aseguró que la reforma no será aprobada de manera apresurada. Subrayó que el PAN mantendrá su postura hasta que la iniciativa sea completamente retirada.
La lucha por un ISSSTE fortalecido y al servicio de los trabajadores es un tema que trasciende a los sindicatos y se convierte en una causa de interés nacional. En un contexto donde la precarización laboral y la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones son cada vez más evidentes, la resistencia de los trabajadores y sus organizaciones representa un acto de defensa legítima de los derechos adquiridos.
Las preguntas quedan sobre la mesa: ¿está el gobierno dispuesto a escuchar a los trabajadores o seguirá privilegiando una visión meramente recaudatoria? ¿Se garantizará el acceso a un sistema de salud y pensiones digno, o se seguirá condenando a los empleados públicos a la incertidumbre? La CNTE y sus aliados han dejado claro que no están dispuestos a esperar la respuesta sentados; seguirán en las calles hasta que se garantice una reforma verdaderamente justa y estructural. Así las cosas, ¿cómo ve?
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