Columna Horas Extras
Por Daniel Lee
Jueves 20 febrero 2025.- El intento de instaurar la cobranza delegada en México es un recordatorio de cómo el poder y los negocios privados pueden entrelazarse en detrimento de los trabajadores. Pedro Haces, líder sindical y diputado de Morena, ha demostrado ser un actor clave en este entramado de corrupción.
Así como oye, el legislador ha venido impulsando una iniciativa que buscaba permitir que instituciones financieras embargaran directamente el salario de los empleados para cobrarse créditos de nómina, una medida que habría afectado gravemente la estabilidad económica de miles de familias.
Detrás de esta propuesta se encuentra un entramado de intereses que favorecen a los allegados de Haces. La financiera Inmediprest, cuyo nombre comercial oculta su razón social Faprei, ha firmado convenios con diversos gobiernos estatales para otorgar créditos de nómina.
En su consejo de administración figuran familiares del diputado, como su hija Martha Alejandra Haces Lago, y exintegrantes del partido Fuerza por México, fundado por el propio Haces. La estrecha relación entre estos actores deja en evidencia que la iniciativa no solo respondía a un interés general, sino a una estrategia para beneficiar a un círculo cercano.
El rechazo a esta propuesta no se hizo esperar. Especialistas y legisladores de oposición alertaron sobre los peligros de una reforma que permitiría a las financieras apropiarse del salario de los trabajadores antes de que este llegara a sus bolsillos. La presidenta Claudia Sheinbaum incluso declaró que vetaría la reforma en caso de ser aprobada, dejando claro que el salario es intocable y no debe ser utilizado como garantía automática para las instituciones financieras.
Pero, más allá del intento de reforma, la realidad es que este tipo de prácticas ya ocurren en México. Empresas como Inmediprest han encontrado formas de operar al margen de la ley mediante convenios con gobiernos locales e instituciones públicas. A través de contratos de adhesión, los trabajadores son obligados a firmar autorizaciones irrevocables para el descuento en nómina, lo que en la práctica les impide disponer libremente de su sueldo.
El caso de Pedro Haces y su intento de revivir la cobranza delegada pone en el centro del debate la urgencia de fortalecer las regulaciones que protejan los derechos de los trabajadores. No basta con frenar una reforma polémica si en la realidad siguen operando mecanismos que terminan por endeudar a los empleados y comprometer su estabilidad financiera. El gobierno y las autoridades regulatorias deben cerrar las lagunas legales que permiten estas prácticas abusivas y garantizar que ningún intermediario se beneficie del salario de los trabajadores sin su consentimiento pleno y libre.
El salario es sagrado. No debe ser moneda de cambio para negocios privados, ni rehén de intereses políticos. La iniciativa de cobranza delegada ha sido detenida por ahora, pero la lucha por la defensa de los derechos laborales debe continuar. De lo contrario, estas prácticas seguirán encontrando la manera de disfrazarse y perpetuarse en el sistema financiero del país.
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