Por Daniel Lee Vargas
Ciudad de México, 19 de marzo 2025.- La migración en México ha sido, desde hace décadas, un fenómeno en constante evolución, determinado por factores económicos, políticos y sociales tanto internos como externos. Sin embargo, la falta de una política migratoria coherente y sostenible ha dejado en el limbo a miles de personas, en particular a los connacionales repatriados de Estados Unidos, quienes, a pesar de su vínculo con el país, carecen de un marco legal que garantice su reinserción social y económica.
Actualmente, la legislación migratoria mexicana no contempla de manera explícita la situación de los migrantes retornados de manera forzada, una omisión grave en un contexto donde las políticas restrictivas de países como Estados Unidos amenazan con el retorno masivo de nuestros paisanos. Esta ausencia de regulación deja a miles en una situación de vulnerabilidad extrema, sin acceso garantizado a empleo, salud y educación, elementos fundamentales para su reinserción y estabilidad.
La migración, además, no es ajena a las dinámicas de género. Las mujeres y niñas migrantes enfrentan desafíos particulares, desde la discriminación y la violencia hasta la falta de acceso a servicios básicos. Los Estados tienen la obligación de garantizar la no discriminación y la protección de los derechos humanos de estas poblaciones, asegurando que la violencia de género no sea una constante en su proceso migratorio, pero desgraciadamente esto no ocurre, nadie le pone la atención que requiere.
Especialistas subrayan la urgencia de fortalecer los programas de apoyo a los migrantes retornados, crear mecanismos de defensa legal tanto en México como en el extranjero y establecer acuerdos internacionales que protejan sus derechos. No basta con medidas paliativas; es necesario un cambio estructural que brinde estabilidad a quienes se ven forzados a regresar a su país.
México no puede seguir reaccionando de manera improvisada ante el fenómeno migratorio. Se requiere una política migratoria con visión de largo aliento, una legislación que contemple los derechos de los repatriados y un enfoque de género e interseccionalidad que atienda las diversas realidades de quienes migran. La responsabilidad del Estado es ineludible: garantizar que el retorno al país no sea una condena a la incertidumbre, sino una oportunidad de reconstrucción y dignidad.
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