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México ante las deportaciones: responsabilidad y acción legislativa



Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 3 marzo 2025.- Las políticas migratorias de Estados Unidos han sido, por décadas, un desafío constante para México. Sin embargo, en un contexto de deportaciones masivas y detenciones arbitrarias, nuestro país no puede permanecer indiferente. Es momento de asumir una postura firme y garantizar que nuestros connacionales reciban la atención y protección que merecen.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas ha puesto sobre la mesa una propuesta crucial: la creación de una comisión legislativa en el Senado de la República para monitorear las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos y fortalecer la coordinación interinstitucional en su atención y reinserción. Esta iniciativa responde a una necesidad urgente de garantizar la defensa de los derechos humanos de quienes enfrentan procesos de repatriación y condiciones adversas en centros de detención.


Ante la amenaza de deportaciones masivas impulsadas por el gobierno estadounidense y la habilitación de la Base Naval de Guantánamo como centro de detención para migrantes, México debe actuar con responsabilidad y determinación. La Comisión Especial para dar Seguimiento al Proceso de Deportación y Encarcelamiento de Personas Connacionales en Condiciones de Movilidad en los Estados Unidos tiene el potencial de convertirse en un pilar clave en la defensa de los migrantes.

Esta comisión buscaría, entre otras acciones, exigir informes detallados sobre la cantidad de mexicanos detenidos, deportados o en proceso judicial; mejorar la coordinación con municipios y estados receptores; supervisar la labor de la Guardia Nacional en la frontera; colaborar con organismos internacionales para optimizar la atención a migrantes retornados, y vigilar el cumplimiento de acuerdos bilaterales en materia migratoria.

Más allá de los números y las estadísticas, detrás de cada deportación hay una historia, una familia que enfrenta incertidumbre y desarraigo. El Estado mexicano tiene la obligación moral y jurídica de garantizar que cada persona repatriada cuente con acceso a albergues, programas de reinserción laboral y asistencia psicológica. No se trata solo de gestionar cifras, sino de restaurar dignidades.

El senador Colosio ha sido claro: México no puede ser un espectador pasivo ante la crisis migratoria. La propuesta de crear esta comisión especial es un paso en la dirección correcta, pero debe ir acompañada de voluntad política y compromiso real para traducirse en acciones concretas.

Es momento de que el Senado actúe con determinación y demuestre que la protección de los derechos humanos de los connacionales en el extranjero no es solo un discurso, sino una prioridad nacional. La historia nos juzgará no solo por lo que hagamos, sino por lo que decidamos ignorar.

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