Jaime Flores Martínez
Martes 18 de marzo del 2025.- Atrapado por sus incapacidades y por sus evidentes complicidades con personajes extraños, el director de la Policía de Ensenada Alejandro Monreal Noriega se encuentra “en la mira” del gobierno federal pues aparentemente se encuentra vinculado con organizaciones delictivas.
De acuerdo a fuentes consultadas por Cicuta, el secretario de Seguridad Ciudadana del país Omar García Harfuch, ordenó investigar a Monreal al enterarse que consiguió en junio del año pasado, la liberación de su hijo Elmer Alejandro (de 22 años) luego de agredir con un martillo a una adolescente de 15 años en un parque de Mexicali.
García Harfuch conoció que Monreal Noriega fue dos veces director de la Policía mexicalense y es “muy amigo” del entonces director de la Policía en la capital del Estado Pedro Adrián Mendívil.
Apenas a principios de este mes, Monreal Noriega se colocó los reflectores sobre si al minimizar el secuestro de 11 jóvenes ensenadenses.
Un día después del plagio fueron localizados los cadáveres de 5 de esos jóvenes, aunque los jerarcas del gobierno lo pasaron por alto.
De acuerdo a servicios de inteligencia del Gobierno Federal, Monreal Noriega hizo un acuerdo con el grupo delictivo que opera en Ensenada, el cual —aparentemente— es una extensión del Cártel que controla Mexicali al cual conoce perfectamente.
A punto de cumplir 4 meses en el cargo (rindió protesta a principios de diciembre), el director Monreal Noriega comete el error de hacer mal su trabajo y todavía se da tiempo para polemizar abiertamente con medios de comunicación digitales que se atreven a divulgar sus fallas.
Un enterado que por semanas ha observado los evidentes traspiés de este jefe policiaco, asegura que la alcaldesa de Ensenada, la morenista Claudia Agatón Muñiz se atrevió a reconocer ante sus incondicionales que “Monreal le fue impuesto”, aunque —afirma—- nunca dijo por quién.
El asunto es que en este momento, los servicios de inteligencia del gobierno federal —que incluye civiles y militares— pueden contar con pruebas sólidas para proceder al arresto de un servidor público quien —como otros tantos— todo indica que cayó en la seducción del narcotráfico.
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