Columna Horas Extras
Por Daniel Lee Vargas
Ciudad de México, 27 febrero 2025. El reciente intento de reforma a la Ley del ISSSTE ha encendido las alarmas entre los trabajadores del Estado. Alrededor de 720 mil empleados, incluyendo maestros y burócratas, se verán gravemente afectados por modificaciones que alteran la manera en que se manejan sus compensaciones y pagos por servicios médicos. Esta medida no solo implica un incremento en sus contribuciones, sino que también excluye su participación en la toma de decisiones sobre el destino de los fondos del FOVISSSTE, replicando el modelo del Infonavit.
Las consecuencias de esta pretendida reforma han detonado movilizaciones en al menos 11 estados del país. Este miércoles, docentes abandonaron las aulas para exigir la revocación de lo que consideran un atropello a sus derechos. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) estará este viernes 28 de febrero frente a la Cámara de Diputados, habrán nuevas marchas y plantones en la siguiente semana, en un esfuerzo por frenar la imposición de una medida que pone en riesgo su estabilidad laboral y su derecho a una jubilación digna.
Y mire estimado lector, uno de los puntos más polémicos de esta reforma es la falta de transparencia en el manejo de los recursos destinados a la construcción y adquisición de vivienda. Sin mecanismos claros de rendición de cuentas, los trabajadores carecen de garantías de que podrán acceder a una vivienda segura y de calidad. Esta incertidumbre se suma a una creciente desconfianza, pues en 2007 una reforma similar derogó derechos laborales previamente conquistados.
La propuesta también contempla un cambio en el cálculo de la cuota del Seguro de Salud. Quienes perciban más de 34 mil pesos mensuales deberán aportar más, considerando no solo su sueldo base, sino también compensaciones adicionales. Sin embargo, este aumento en la aportación no se traduce en una mejora de su pensión, sino que se destina exclusivamente al Seguro de Salud, sin una garantía de mejoras en los servicios médicos.
Para variar, -como era de esperarse en este “régimen”- La falta de información clara y la deficiente redacción de la ley han generado confusión e indignación entre los trabajadores. Además, el proceso legislativo ha carecido de una consulta real a los principales afectados. No existe, en este momento, una iniciativa integral para reformar el sistema de pensiones y jubilaciones, lo que deja en el aire las demandas históricas de la base trabajadora, que desde hace 18 años exige el retorno a un régimen solidario que garantice su seguridad social.
El gobierno no lo hace. Pero debe escuchar a los trabajadores y detener una reforma que, en lugar de fortalecer sus derechos, los vulnera aún más. La protesta del magisterio y de otros sectores afectados es una muestra clara del rechazo a una política que prioriza la recaudación sobre el bienestar de quienes han dedicado su vida al servicio público. Es momento de exigir transparencia, diálogo y un verdadero compromiso con la justicia social. ¿Usted cómo ve?
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