Por Daniel Lee Vargas
Ciudad de México 17 marzo 2025.- Aunque no se sabe bien a bien, si se trata de una narrativa más para presionar al Gobierno de México. No hay que perder de vista, la reciente declaración de Donald Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para ejecutar deportaciones masivas; sin duda una nueva amenaza directa a los principios democráticos y al debido proceso legal en Estados Unidos.
Se trata de una legislación con más de dos siglos de antigüedad, utilizada por última vez en la Segunda Guerra Mundial, que otorga al presidente un poder desmedido para detener y expulsar a ciudadanos de otras naciones sin juicio previo ni audiencias.
Este anuncio ha provocado alarma en sectores jurídicos, organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes. La posibilidad de que un gobierno decida arbitrariamente quién es un "enemigo extranjero" sin mecanismos claros de defensa es una violación flagrante del derecho internacional y de los valores fundamentales sobre los que se construyó la nación estadounidense.
El caso de Mahmoud Khalil, un palestino acusado de terrorismo cuya detención y posible deportación han generado protestas en Nueva York, ilustra el riesgo de aplicar esta norma sin las garantías mínimas del debido proceso. Si se reactivara esta ley, miles de migrantes podrían ser objeto de detenciones y expulsiones basadas en sospechas infundadas, sin oportunidad de defenderse legalmente.
Trump argumenta que esta medida es necesaria para combatir pandillas extranjeras y redes criminales que, según él, representan una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, el uso indiscriminado de esta ley podría abrir la puerta a abusos de poder y persecuciones selectivas, afectando a comunidades enteras sin distinción entre delincuentes y ciudadanos trabajadores que buscan una vida mejor en Estados Unidos.
El impacto de esta decisión podría reconfigurar por completo la política migratoria del país y sentar un precedente peligroso para futuras administraciones. Estados Unidos debe fortalecer sus instituciones migratorias bajo principios de justicia y humanidad, en lugar de recurrir a herramientas arcaicas y autoritarias que ponen en riesgo la estabilidad social y el respeto a los derechos humanos.
Es imperativo que la sociedad civil y legisladores se movilicen para evitar que esta propuesta se convierta en una realidad.
Hay esfuerzos importantes por parte de defensoras de derechos humanos, -no de la CNDH-, tampoco del Gobierno de Claudia Sheinbaum, y menos aún de la fallida titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), Tatiana Clouthier, que pretende desde la comodidad de su casa “trabajar” cuando lo urgente es vincularse, conocer de viva voz lo que necesitan nuestros paisanos en la Unión Americana.
En contraste, organizaciones alzan la voz como la binacional #Fuerza Migrante, representada por Don Jaime Lucero, Justice For Migrn Women, de @MonicaRamirezOH Mónica Ramírez; el Centro de Trabajadores de Ohio Central, bajo el liderazgo de la activista mexicana Claudia Cortez de la Rocha; la Alianza de Mujeres Campesinas en Estados Unidos, y el Centro de los Derechos del Migrante, Inc. ; y Mujeres Migrantes en Progreso, entre otras
Hay que decirlo, la historia ha demostrado que las políticas basadas en el miedo y la discriminación solo conducen al sufrimiento y la polarización. La lucha por un sistema migratorio justo y equitativo no puede retroceder ante amenazas que evocan los capítulos más oscuros de la historia.
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X @DANIELLEE69495
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