El abandono institucional de los menores migrantes
- Cicuta Noticias
- 21 mar
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Por Daniel Lee Vargas
Ciudad de México, 22 de marzo 2025.- El reciente anuncio de la administración estadounidense de suspender la financiación de asistencia legal para menores migrantes es un golpe devastador a los derechos humanos y un retroceso en la protección de los más vulnerables. La medida no solo deja en el limbo a miles de niños y niñas que dependen de esta representación legal para navegar un sistema migratorio complejo y hostil, sino que también desmantela los mecanismos de supervisión que garantizan un trato justo y digno.
La eliminación de estas agencias, que hasta ahora cumplían un papel crucial en la defensa de los derechos civiles de los migrantes, refleja una política de deshumanización y criminalización de quienes buscan refugio y una vida mejor.
La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, la Oficina del Defensor del Pueblo de Detención de Inmigrantes y la Oficina del Defensor del Pueblo de Ciudadanía y Servicios de Inmigración no solo recibían y tramitaban denuncias sobre condiciones de detención, sino que sus informes servían como insumo fundamental para la supervisión del Congreso sobre el actuar del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Con su cierre, la opacidad se convierte en la nueva norma.
El argumento oficial para justificar este desmantelamiento es una supuesta optimización de recursos y la eliminación de “obstáculos burocráticos” que, según el DHS, entorpecen la aplicación de la ley migratoria. Sin embargo, esta decisión evidencia una estrategia deliberada para debilitar cualquier contrapeso institucional que pueda cuestionar o frenar prácticas abusivas.
Los datos son contundentes: 26 mil niños migrantes reciben representación legal gracias a estos fondos. Sin esta asistencia, se enfrentan solos a procesos judiciales que determinarán su futuro, en un idioma que no dominan y bajo leyes que desconocen. Sin abogados, estos menores tienen muchas menos posibilidades de obtener asilo o protección, quedando expuestos a la deportación, la violencia o el tráfico de personas.
Esta medida no es solo una cuestión administrativa, sino un atentado contra los principios fundamentales de justicia y humanidad. La historia juzgará a quienes decidieron dar la espalda a los más indefensos. Mientras tanto, la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil tienen el deber de alzar la voz y exigir que la dignidad y el bienestar de los niños migrantes no sean sacrificados en nombre de una política de exclusión y miedo.
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