Redacción
Tijuana.- Tras la divulgación de un comunicado donde el Gobierno federal afirma que los documentos de la SEDENA dados a conocer a partir del hackeo del colectivo Guacamaya podrían haber sido alterados, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) respondió este viernes que la información expuesta en septiembre de 2022 fue validada por distintas "fuentes secundarias".
El comunicado presidencial argumenta que tras el hackeo se hicieron públicos formatos de informes militares, por lo que lo revelado tras la filtración podrían ser documentos elaborados por cualquier individuo, "con objeto de afectar" al Gobierno, y por ello no tienen validez jurídica.
De esa manera, la Federación respondió a los señalamientos de la investigación Ejército Espía, realizada en conjunto por R3D, Artículo 19 y Social Tic, con respecto a que el Centro Militar de Inteligencia (CMI) recurrió al software israelí de espionaje Pegasus para intervenir el teléfono del activista Raymundo Ramos.
Adicionalmente R3D afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene facultades legales para reunir información de fuentes privadas como es el caso de Ramos Vázquez, así como del periodista Ricardo Raphael, por lo que las pruebas de la intervención “dan cuenta del uso ilegal y arbitrario de tecnologías de vigilancia en contra de periodistas y defensores de derechos humanos”.
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