Redacción
Tijuana, 19 de febrero de 2025.- Con el fin de regular el trabajo a distancia, la diputada Alejandrina Corral propuso al Congreso bajacaliforniano reformar diversos artículos de las leyes estatales de Hacienda, y de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico.
La legisladora explicó que mediante las modificaciones posibilitaría otorgar estímulos fiscales a las empresas establecidas en la entidad que implementen la modalidad de teletrabajo, misma que regula la Ley Federal del Trabajo, para incorporar esta modalidad de contrataciones, como parte de los esquemas de puntuación para que sean objeto de estímulos por nuevas inversiones que realicen en el Estado.
En cuanto a los cambios propuestos por Corral Quintero a Ley de Hacienda del Estado de Baja California, como instrumento rector de la política fiscal y hacendaria en el ámbito estatal, se establecería que aquellas empresas que contraten personas bajo la modalidad teletrabajo queden exentas de pago de impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal que les corresponda cubrir periódicamente, por las remuneraciones relativas a estos empleados.
La diputada señaló que su propuesta pretende disminuir la tasa del impuesto sobre nóminas cuando la empresa implemente el denominado trabajo desde casa, o teletrabajo, siempre y cuando acredite que los trabajadores que hayan laborado en la modalidad de trabajo de teletrabajo deberán representar al menos el 10% del total de su plantilla laboral y además en relación a estos empleados demostrar su inscripción y pago de las aportaciones de seguridad social.
"No menos importante es que, como política pública del estado, al impulsar este tipo de acciones se abre un abanico de oportunidades para aquellas personas que por circunstancias especiales se les dificulta o se encuentran impedidas para acudir a su lugar de trabajo por razones de enfermedad, discapacidad, embarazo, incapacidad médica y otras similares, y así no se encuentren en riesgo de perder su trabajo", apuntó.
Refirió que los estímulos fiscales no dejan de ser instrumentos económicos que en todo momento deben de respetar los principios que regulan las normas tributarias y que, en este caso, consiste en los principios de legalidad, preeminencia de la ley, reserva de la ley, proporcionalidad y equidad a fin de no vulnerar otros derechos y garantías de la ciudadanía.
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